La reforma de la Ley de Montes, aprobada meses atrás por el Partido Popular (con el apoyo de UPyD y UPN), posibilita que las autonomías recalifiquen zonas forestales quemadas "cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden". De esta forma se favorece la "especulación" aunque se adopten "medidas compensatorias" para recuperar "una superficie forestal equivalente a la quemada" ya que, esto último convierte a los bosques en mobiliario de quita y pon.
Para Cristina Narbona, ministra cuando en el año 2006 se realizó la última reforma, la Ley de Montes del pp es "un recorte de derechos constitucionales".
La reforma de la Ley de Montes también incluye el trasvase de agua Tajo-Segura para dar cumplimiento a una sentencia del Constitucional.
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