El pasado día 6 de julio se hacía efectivo el cese de explotación y desde diciembre ya no producía electricidad, sin que, por ese motivo, nadie haya tenido que recurrir a las velas para poder ver en la oscuridad.
El Gobierno no cesa en su empeño para que la longeva central se mantenga en funcionamiento, con nuevas medidas legales pretende lograrlo, si bien la inversión es tan elevada, para una central tan vieja que no se espera que Endesa e Iberdrola accedan a ello (salvo que sea a costa de todos los españoles, y no sólo de nuestros bolsillos, también de nuestra seguridad).
El Gobierno sólo considera cierre definitivo aquel que se produce por razones de seguridad, no económicas. De esta forma pasa la pelota a las eléctricas, quienes ya despreciaron la sugerente posibilidad de prorrogar la vida de la central hasta 2019.
Cerrar Garoña es posible y aunque al Gobierno pronuclear de España le pese, así será (y en su mandato).
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