El Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca celebra el cierre de la central más antigua de España y pide proseguir con el proceso de desnuclearización ya iniciado por muchos estados.En las dos últimas semanas se han producido algunas noticias que cuando menos resultan sorprendentes a tenor de la decisión del Gobierno de apoyar incondicionalmente la energía nuclear.
Cuando hace un par de años se cumplió la licencia de funcionamiento de Santa María de Garoña, el movimiento ecologista, y también el Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca pidieron la no renovación de la licencia. Las partes interesadas, o sea, Nuclenor, Foro Nuclear y Junta de Castilla y León, entre otros, nos acusaron, una vez mas, de responder a razones “ideológicas”, no racionales. Amenazaban que con el fin de la energía nuclear tendríamos que iluminarnos con velas, insinuaban que estábamos en contra del progreso, que pretendíamos poco menos que destruir la riqueza de las comarcas en las que se asientan estos “engendros” y, por supuesto, que éramos indifrentes ante la pérdida masiva de empleos. Pues bien, como demostración de lo vacío e insostenible de ese discurso, viene Nuclenor y sin tener en cuenta ninguno de los argumentos pronucleares decide darnos la razón, pero no por ideología, si no por “economía”. Cerrará Garoña y se podrían cerrar todas las centrales nucleares y no volveríamos a la “edad de piedra”. Ya tenemos tecnologías que las pueden sustituir, pero a pesar de lo que nos habían contado, tampoco a ellos les importan las consecuencias sociales que un cierre no planificado, inevitablemente, provocará en el Valle de Tobalina.
El Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca quiere denunciar el pulso que la industria nuclear ha lanzado al Gobierno de España, anunciando el cierre inmediato de la central de Garoña. La previsible aprobación de un nuevo impuesto que grava el combustible nuclear gastado, ha disgustado a un sector que no quiere perder sus privilegios económicos y a modo de rabieta infantil el operador de la central (Nuclenor -Iberdrola y Endesa al 50%-) comunica públicamente el cese de la actividad.
El pasado mes de noviembre, Nuclenor, dejaba pasar el plazo para conseguir una nueva autorización de explotación de la central hasta 2019 y anunciaba el cierre en julio de 2013, ahora ese apagón podría adelantarse. Sus directivos han anunciado que en los próximos días comenzará el trasvase del combustible nuclear del reactor a la piscina.
De esta manera Nuclenor evitaría el pago de un impuesto sobre los residuos nucleares que podría entrar en vigor en enero de 2013 si, como es previsible, se aprueba la Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética, cuyo proyecto se aprobó ayer en el Senado. El impuesto supondría unos 150 millones de euros al evacuar el combustible del núcleo de la central, lo que a Nuclenor le debe parecer poco rentable para mantener en funcionamiento la central hasta julio en esas condiciones.
Aunque este impuesto pueda parecer un paso hacia la internalización de los costes de la energía nuclear, se está muy lejos de cubrir el verdadero coste de la gestión de residuos nucleares. El Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca quiere resaltar que si este impuesto ha sido suficiente para que se resienta la rentabilidad económica de una central nuclear y provocar su cierre, si se aplicaran todas las medidas de seguridad y se pagasen los mismos impuestos que el resto de fuentes de energía, esta fuente se mostraría totalmente inviable desde el punto de vista económico. Prueba de ello es que Garoña se cierra a pesar de tener autorización para seguir funcionando.
Si el aspecto económico está acaparando la atención, no podemos olvidar que además la tecnología nuclear es sucia, cara a largo plazo y peligrosa, cuyos residuos nucleares seguirán siendo radiactivos, y por tanto muy peligrosos, durante cientos de miles de años, razón más que suficiente para proceder al cierre y desmantelamiento de todas las instalaciones nucleares antes de que sea demasiado tarde.
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